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Fabrizio Reyes de Luca
Ecuador.

   
   
 

LatinPress. 26 /3 / 2017. Fabrizio Reyes de Luca. Ecuador.

   

A luchar contra la corrupción.

 

La corrupción es un fenómeno inherente a un Estado débil. Cómo bien explicó Gunnar Myrdal, el gran economista sueco: “los Estados débiles generan corrupción, y la corrupción aumenta su debilidad en forma creciente, lo que, a su vez, produce más corrupción, y así se reproduce y amplifica mediante un fenómeno de “causación circular acumulativa”.


También sabemos que los Estados débiles pueden terminar convertidos en Estados fallidos, es decir, en Estados que no pueden cumplir con sus fines esenciales.


Aunque es común analizar la corrupción con criterios éticos, morales o jurídicos, o con fines de descalificar adversarios políticos, la realidad es que se trata de una práctica que pone obstáculos al desarrollo de las naciones y una de las causas de ampliación de la brecha de desigualdades sociales.


La corrupción es provocada por una serie de factores que deben ser identificados para combatirla, contenerla y reducirla con eficacia.


El profesor Robert Klitgaard, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), planteó hace muchos años una fórmula sobre los elementos concurrentes en la mayoría de los casos de corrupción: alta concentración del poder, mucha discrecionalidad en la toma de decisiones y poca transparencia.

Donde quiera que coincidan estos elementos es altamente probable que campee la corrupción.


Por tanto, los programas y acciones de política que contribuyan a reducirlos o superarlos tendrán impactos notables en la reducción de su incidencia.


Nadie debe ser iluso creyendo que la corrupción se puede erradicar totalmente, pero sí es posible lograr un cambio a fondo en la respuesta social e institucional contra ese fenómeno insidioso y disolvente, no solo en relación al manto de impunidad que lo cubre, sino en un aspecto más decisivo: las acciones de prevención.


La mayoría de los expertos coinciden en que es más difícil perseguir la corrupción y recuperar los activos sustraídos o asegurar indemnizaciones, que prevenir su ocurrencia con reformas institucionales puntuales, y que, además, puedan minimizar los perjuicios que ocasione.


Sin embargo, los expertos también recomiendan la persecución y castigo en aquellos casos susceptibles de ejercer un saludable “efecto demostración” sobre toda la sociedad, indispensable para reforzar su sistema de sanciones, enviando la señal de que “el que la hace, la paga”.


De tiempo en tiempo, en momentos específicos, y por determinadas causas o eventos, se abren procesos importantes en los que se enjuicia y condena a los “grandes culpables” de fraudes.


Esos procesos excepcionales funcionan en realidad como mecanismos de catarsis, o más bien de reajuste, dentro de un sistema que por su esencia y sus características, opera con el lubricante de la corrupción en todos sus niveles.


Han servido para “ajustar cuentas” entre facciones políticas o grupos de interés, sobre todo en coyunturas de intensas contradicciones por concentrar más riqueza y poder o por controlar sectores estratégicos. Asimismo, son útiles para entretener a las masas populares, que en sus agobios sienten cierta compensación cuando se “encierran” a algunos poderosos.


Además, por un momento proyectan la percepción de que se emprenden acciones correctivas y justicieras, cuando en verdad solo se busca que en lo sustancial todo siga igual.


Sin embargo, en las presentes circunstancias, ni un extremismo absurdo ni el aventurerismo desesperado, son buenos consejeros.


Lo cierto es que con los casos de corrupción recientemente denunciados, se ha llegado a un punto de saturación social, y sea para bien o para mal, será considerado un punto de inflexión en la vida nacional, por su impacto en la conciencia de amplios sectores de la sociedad ecuatoriana.


Pase lo que pase, todos esos avatares se quedarán en la superficie, mientras no se enfrenten y se reduzcan las causas subyacentes de las extendidas prácticas corruptas, que cada vez más dificultan al Estado cumplir sus fines esenciales y acentúan las diferencias entre las minorías privilegiadas y las grandes mayorías desposeídas.

Mucha gente no ve la relación y otros prefieren no verla, pero mientras la política sea una actividad de altísimos costos económicos, será cada vez menos democrática y más excluyente, y seguirá siendo un campo de inversión altamente rentable para los que buscan negocios fraudulentos o mafiosos de la mano del Estado, dirigidos a capturar rentas y no a crear riquezas.


Así las cosas, la plutocracia o poder de los que tienen dinero, y el crimen organizado, se convierten  en los grandes electores de las sombras. Y el uso y abuso de los recursos públicos para mantener cuotas de poder, se impone “por necesidad”, tanto como la práctica de cada gobierno de crear “sus propios ricos”.


Reformar la política electoral y partidaria para que sea trasparente, equitativa y de costos accesibles para todos los ciudadanos, es cortar una de las raíces profundas de la corrupción estructural.


Ya la Constitución de 2008 estableció mandatos muy claros de limitar los tiempos de campañas, fijar topes en los gastos electorales y garantizar el acceso equitativo a los medios de comunicación.


Resulta fundamental para comenzar a desmontar la visión patrimonial que impera sobre las funciones y cargos  públicos: ese botín que se reparte en cada elección, donde la búsqueda de “lo mío” va impidiendo progresivamente la realización de “lo nuestro” o del bien común.


El funcionario nunca se verá como un servidor público mientras entienda que su puesto le pertenece, que se lo ganó en las contiendas político-partidarias, y que es su oportunidad de “resolver su vida y la de los suyos”. Su lealtad no será con el Estado y la nación, ni mucho menos con la ciudadanía, sino con el partido o la facción política a la que pertenece.


Su actitud siempre será la de “un jefe” o “jefecito” que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derechos, y dispensa como gracia el cumplimento de deberes, contribuyendo a degradar así las relaciones socio-políticas y anular el concepto de ciudadanía.


Y que conste que en todos los gobiernos han servido y sirven con integridad y decoro miles de hombres y mujeres que son militantes de movimientos políticos. Sin embargo, muchos han tenido que vivir bajo la sospecha de que son corruptos por ser políticos, o  sufrir la crítica de sus familiares y allegados, de ser unos pendejos por no haberse aprovechado de su paso por el poder para amasar fortunas.


Por lo expuesto, se hace imperiosamente necesario sentar bases sólidas para combatir en el presente y en el futuro, el cáncer de la corrupción con resultados positivos a la vista de la ciudadanía, antes de que haga metástasis en todo el cuerpo social. Colaboración especial para LatinPress®.

   
 
 
 




 
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