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Alberto de Luca Bartolomeo
Venezuela·

   
   
 

LatinPress. 22 / 1 / 2018. Alberto de Luca Bartolomeo. Venezuela.

   

Psicología al día: Venezuela colorada

 

Jesús rechaza el poder opresivo y despótico sobre las naciones (Mc 10,42) y su pretensión de hacerse llamar benefactores (Lc 22,25).

También ha combatido y derrotado la tentación de un “mesianismo político”, caracterizado por el dominio sobre las naciones (Mt 4,8-11; Lc 4,5-8).

Cuando el poder político se extralimita del orden natural, auto-diviniza y reclama “absoluta sumisión”: se convierte entonces en la Bestia del Apocalipsis, imagen del poder político totalitario, perseguidor, “ebrio de sangre”.

Esta visión señala, simbólicamente, todas las insidias usadas para sobornar a las personas, insinuándose con la mentira.

Frente a este poder, San Juan recomienda “la resistencia de los mártires”. La persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política.

El “pueblo” no es una multitud amorfa, una masa inerte para manipular e instrumentalizar, sino  un conjunto de personas, cada una de las cuales, en su propio puesto y según su manera propia, tiene la posibilidad de formar su opinión acerca de “la cosa pública” y la libertad de expresar su sensibilidad política y hacerla valer de manera convincente al bien común.

En todo caso, el recurso de armas de guerra contra los disidentes es injustificable y daña la causa que se pretende defender.

En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana. En los derechos humanos están condensadas las principales exigencias morales y jurídicas que deben presidir la construcción de la “comunidad política”.

Esto no puede ser ignorado por ella misma. La autoridad política debe garantizar la vida ordenada y recta de la comunidad, sin suplantar la libre actividad de las personas y de los grupos.

El pueblo transfiere, de diversos modos, el ejercicio de su soberanía a aquellos que elige libremente como sus representantes, pero conserva la facultad de ejercitarla en el control de las acciones de los gobernantes y también en su sustitución, en caso de que no cumplan satisfactoriamente sus funciones.

El ciudadano no está obligado, en conciencia, a seguir las prescripciones de las autoridades si éstas son contrarias a las exigencias del orden moral o a los derechos fundamentales de las personas: el derecho a la objeción de conciencia.

Las leyes y las actuaciones injustas de los gobernantes colocan a la persona moralmente recta ante dramáticos problemas de conciencia: cuando son llamados a obedecer y ejecutar acciones moralmente ilícitas, tienen la obligación de negarse.

Además de ser un deber moral, este rechazo es también un derecho humano elemental que, precisamente por ser tal, la misma ley civil debe reconocer y proteger.

Esto significa admitir que es legítimo resistir a la autoridad en caso de que ésta viole grave y repetidamente los principios del derecho natural. La gravedad de los peligros que el recurso a la violencia gubernamental comporta hoy, evidencia que es siempre preferible el camino de la “resistencia pacífica activa”, más conforme con los principios morales y no menos prometedor de éxito.

En el sistema democrático la autoridad pública siempre es responsable ante el pueblo. La obligación por parte de la autoridad pública de rendir cuentas de su proceder, es un elemento constitutivo de la representación democrática.

La Carta de las Naciones Unidas repudia no sólo el recurso de la fuerza, sino también la misma amenaza de cumplirla.

La violencia gubernamental destruye lo que pretende defender: la dignidad, la vida, la libertad del ser humano.

Los miembros de las Fuerzas Armadas están moralmente obligados a oponerse a las órdenes que prescriben cumplir crímenes contra el derecho de gentes y sus principios universales.

Los militares son plenamente responsables de los actos que realizan violando los derechos de las personas, de los pueblos y de las normas del derecho internacional humanitario.

Estos actos no se pueden justificar con el motivo de “la obediencia a órdenes superiores”. El terrorismo político de Estado es una de las formas más brutales de violencia que actualmente perturba a la Comunidad Internacional, pues siembra odio, muerte, deseo de venganza y de represalia.

Es necesario, por lo tanto, promover el derecho a la paz. Este derecho favorece la construcción de una sociedad en cuyo seno las relaciones de fuerza se sustituyen por relaciones de colaboración con vistas al bien común.

Este mensaje social no debe considerarse como una “simple” opinión, sino, por encima de todo, un fundamento y un estímulo para la acción pacífica, tratando de descifrar el destino nacional; lo cual renueva constantemente mi fe en la consolidación de una sociedad civil, no antimilitarista, sino anti caudillista. (0414) 5541014 delucabartolomeo@gmail.com. Colaboración especial para LatinPress®.

   
 




 
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