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LatinPress®. 2 / 5 / 2020. LatinPress.es
   

La censura, sobre la libertad de prensa y crítica, durante la pandemia de la Covid-19

 


 

Latinpress.es 2 / 5 / 2020. Según Amnistía Internacional, la ofensiva emprendida contra periodistas y personas que critican el modo en que sus gobiernos gestionan la COVID-19 está dificultando los esfuerzos realizados para hacer frente al virus.

Con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Amnistía Internacional llama la atención sobre el que no cabe esperar que se contenga el virus si la gente no puede acceder a la información exacta, ha afirmado Ashfaq Khalfan, director del Programa de Derecho y Política de Amnistía Internacional.


Recordó Khalfan que desde los primeros días de esta pandemia en China las autoridades  censuraron la información de los medios de comunicación y sancionaron a quienes lo denunciaban, situación que se ha repetido poniendo en peligro la vida de los periodistas.


Gobiernos de todo el mundo han detenido a periodistas y otros trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación por difundir este tipo de información esencial.


El 12 de abril, el periódico ruso Novaya Gazeta publicó un artículo de la periodista Elena Milashina en el que se criticaba la respuesta de las autoridades chechenas a la pandemia; como respuesta a ello el líder checheno, Ramzán Kadýrov, dijo que las personas que transmiten la infección son “peor que los terroristas” y “habría que matarlas”, comentarios que, según Milashina, habían hecho que la gente ocultara sus síntomas por temor. 


En Níger, el periodista Mamane Kaka Touda fue detenido el 5 de marzo, tras publicar en las redes sociales información sobre un posible caso de infección por COVID-19 en el Hospital de Referencia de Niamey. Fue acusado de “difundir datos con la intención de alterar el orden público”.


En Egipto detuvieron el 18 de marzo a Atef Hasballah, redactor jefe del periódico AlkararPress, y lo sometieron a desaparición forzada durante casi un mes, a raíz de que hubiera comentado en su página de Facebook que él cuestionaba las cifras oficiales de casos de COVID-19.


En Venezuela, el periodista Darvinson Rojas pasó 12 días detenido tras haber informado sobre la propagación del virus en el país y fue presionado por las autoridades para que revelara sus fuentes.

Fue acusado formalmente de “instigación al odio” e “instigación a cometer delitos” y quedó en libertad bajo fianza en espera de que se llevara a cabo una investigación penal.

En Venezuela desde 2017, incluso antes de la COVID-19, las autoridades no publican datos epidemiológicos.


En Turquía, İsmet Çiğit y Güngör Aslan, directores del sitio web de noticias local SES Kocaeli, fueron detenidos el 18 de marzo, tras la publicación de un artículo sobre dos muertes por COVID-19 ocurridas en el hospital local. Ambos quedaron en libertad tras haber sido interrogados sobre sus fuentes (que eran del hospital), pero se sentían presionados para dejar de informar sobre el asunto.


En India se ha citado en comisarías de policía a periodistas que informaban sobre la situación de la COVID-19 y se los ha obligado a dar explicaciones sobre sus artículos, entre ellos Peerzada Ashiq, periodista de The Hindu en Cachemira, y Siddharth Varadarajan, editor de The Wire en Uttar Pradesh.

En muchos otros países, como Azerbaiyán, Kazajistán, Serbia, Bangladesh, Camboya, Ruanda, Somalia, Túnez y Palestina, se ha procesado a periodistas por informar sobre la COVID-19.


Por ejemplo, hay imágenes de la policía de Kenia agrediendo a periodistas que intentaban grabar a agentes cuando golpeaban a gran número de personas que hacían cola para embarcar en un ferry antes del toque de queda.

“Noticias falsas”


Muchos países, como Azerbaiyán, Hungría, Rusia, Uzbekistán, Camboya, Sri Lanka, Tailandia, Tanzania y varios Estados del Golfo, han utilizado la pandemia de COVID-19 como pretexto para promulgar leyes contra la difusión de “noticias falsas”.

En Hungría, por ejemplo, el gobierno de Viktor Orbán ha reformado el Código Penal del país para introducir nuevas disposiciones en las que se amenaza a quienes ejercen el periodismo con penas de hasta cinco años de prisión si “difunden información falsa” o comunican los hechos de una manera que impida la “protección eficaz” contra el virus.


En Bosnia se han presentado cargos penales contra una médica por “desinformación” y por generar “miedo y pánico”, y podrían imponerle hasta 1.500 euros de multa; había publicado en las redes sociales comentarios sobre la falta de respiradores y otros equipos en un hospital local.


 
 

 

 

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