Bloqueada en Marbella la gestión felina

Isabel Pérez • 8 de abril de 2026

El Ayuntamiento de Marbella tiene bloqueada la gestión de las colonias felinas.

Marbella.- En política municipal los compromisos sobre bienestar animal suelen formularse con rapidez, pero su cumplimiento es lo que con mayor frecuencia falla.

En Marbella, ese desfase ha quedado expuesto en la gestión de las colonias felinas, convertida hoy en un ejemplo de promesas anunciadas y políticas aún por ejecutar.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Pérez, ha anunciado la presentación de una moción al próximo pleno con un mensaje directo al equipo de gobierno: abandonar la retórica y asumir la gestión efectiva del problema. “Dejar de vender humo”, en sus palabras. 

La carga política apunta a una cuestión de fondo: la distancia entre lo anunciado en 2025 y la realidad administrativa de 2026.

El 15 de abril de 2025, el ayuntamiento presentó un programa que prometía ordenar la gestión de las colonias felinas mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), ampliamente reconocido como la vía más eficaz y ética para el control de poblaciones de gatos urbanos. 

El plan incluía medidas concretas —acreditaciones oficiales para voluntarios, formación, herramientas tecnológicas como códigos QR— destinadas no solo a mejorar el control sanitario, sino también a reducir los conflictos vecinales. Un año después, según denuncia Pérez, ese programa permanece en gran medida sin desplegar.

La consecuencia más inmediata no es solo administrativa, sino social, más de una treintena de voluntarios continúan realizando labores esenciales sin reconocimiento oficial, expuestos a sanciones y advertencias por parte de la propia administración que, en teoría, debería ampararlos. 

La paradoja es evidente: quienes sostienen de facto el sistema son tratados, en ocasiones, como infractores.

Este vacío institucional tiene efectos más amplios. Sin una implementación estructurada del método CER, el control de la población felina queda fragmentado y dependiente de recursos privados —tiempo y dinero de los voluntarios—, lo que debilita cualquier estrategia a medio plazo. Al mismo tiempo, persisten denuncias por envenenamientos y desapariciones de animales, síntomas de una convivencia deteriorada que el propio plan municipal aspiraba a corregir.

A esta situación se suma la controversia en torno al centro de protección animal Triple A, donde, pese a inversiones anunciadas, se mantienen deficiencias estructurales y carencias en la disponibilidad de personal veterinario. De nuevo, la crítica no se dirige tanto a la ausencia de iniciativas como a su insuficiente materialización.

La moción socialista plantea ahora medidas concretas: 
  • Un calendario público para la entrega de acreditaciones.
  • El cese de sanciones a los alimentadores.
  • Financiación efectiva del método CER y.
  • Un informe técnico independiente sobre el estado del centro. 
Lo que está en cuestión es la credibilidad de la acción pública cuando los anuncios no se traducen en cambios tangibles. 

En un ámbito como el bienestar animal —donde la intervención depende en gran medida de la colaboración ciudadana— esa brecha erosiona la confianza institucional y desplaza la responsabilidad hacia quienes, sin respaldo oficial, ya están haciendo el trabajo.
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Marbella. — El Ayuntamiento ha reforzado su estrategia de prevención de incendios forestales con la aprobación de dos nuevos planes de autoprotección en zonas especialmente expuestas, una medida que consolida un modelo basado no solo en la planificación pública, sino en la corresponsabilidad vecinal. La decisión, anunciada por el portavoz municipal Félix Romero, forma parte de un programa que acumula más de seis años de desarrollo y que prevé alcanzar los 174 documentos aprobados antes del final del verano. Los nuevos planes afectan a Las Cumbres de Elviria y a Sierra Blanca, dos urbanizaciones enclavadas en laderas boscosas donde el riesgo se intensifica tras un año de abundantes lluvias. La paradoja es conocida: cuanto más verde el paisaje, mayor la carga de combustible en los meses de calor extremo. En ese contexto, el Ayuntamiento defiende haber delimitado prácticamente todas las zonas de peligro y haber articulado un sistema de alerta temprana. Pero el elemento más significativo no es técnico, sino político. Cada plan de autoprotección establece con precisión qué deben hacer los residentes, las comunidades de propietarios y los gestores privados en caso de emergencia. Aunque supervisados por los servicios municipales y de extinción, estos documentos trasladan parte de la responsabilidad operativa a quienes habitan esos espacios. En términos pragmáticos, la implicación vecinal tiene ventajas claras. En entornos urbanos dispersos, donde las urbanizaciones se adentran en el monte, la capacidad de respuesta inmediata es crucial. Los residentes son los primeros en detectar humo, los primeros en intervenir en tareas básicas de contención y, en muchos casos, quienes mejor conocen la configuración del terreno. La autoprotección, bien diseñada, puede reducir tiempos de reacción y evitar que pequeños conatos se conviertan en incendios de gran escala. Además, existe una cuestión de fondo sobre el alcance de lo público. La prevención y gestión de incendios forestales, especialmente en territorios donde la urbanización ha avanzado sobre zonas naturales, es tradicionalmente una competencia estructural de la administración. Cuando esta responsabilidad se comparte —o se desplaza parcialmente— hacia los vecinos, puede interpretarse tanto como una estrategia de eficiencia como una señal de los límites institucionales para cubrir un territorio cada vez más complejo. En Marbella el crecimiento urbanístico ha estrechado la frontera entre la ciudad y el monte, así que los planes de autoprotección no son solo una herramienta técnica, son también un reflejo de un modelo de ciudad que ha externalizado parte de sus riesgos. Funcionan, en el mejor de los casos, como un sistema de cooperación. En el peor, como un parche que traslada al ámbito privado lo que antes era una obligación inequívocamente pública.