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LatinPress®. 10 / 10 / 2017. LatinPress.es
   

40 años después de la declaración sobre la pena de muerte.

 

Latinpress. 10 / 10 /2017. Para Amnistía Internacional los Estados que mantienen y aplican la pena de muerte están cada vez más aislados y deben tomar medidas para sumarse a la tendencia mundial.

En  2017 se cumplen 40 años desde que AI promovió la histórica Declaración de Estocolmo, primer manifiesto abolicionista internacional sobre la pena de muerte.

En la Declaración hecha en 1977, se pidió a todos los gobiernos que abolieran totalmente esta pena porque cuando el Estado utiliza su poder para poner fin a la vida de un ser humano, es probable que ningún otro derecho sea inviolable.

En el momento de la Declaración, sólo 16 países —8 de América y 8 de Europa— habían abolido totalmente la pena de muerte, ese número se eleva ahora a 105 y, otros 36 países la han abolido para los delitos comunes, como el asesinato, o han dejado de utilizarla en la práctica, aunque continúe en su legislación.

En 2016, sólo 23 países llevaron a cabo ejecuciones, siendo los responsables de la gran mayoría de ellas un pequeño grupo de Estados: China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán.

Este año, el Día Mundial contra la Pena de Muerte está centrado en la vinculación de la pena de muerte con la pobreza. Las investigaciones realizadas muestran que las personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos se ven afectadas de manera desproporcionada en su contacto con el sistema de justicia penal y suelen ser las que sufren la imposición de la pena de muerte.

Recientes análisis que ha realizado AI de datos relativos al uso de la pena de muerte en China muestran un preocupante patrón, según el cual la pena de muerte podría estar imponiéndose de manera desproporcionada a personas que viven en la pobreza, con niveles bajos de educación o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas.

En Arabia Saudí, el 48,5% de todas las ejecuciones registradas por Amnistía Internacional entre enero de 1985 y junio de 2015 fueron de extranjeros, en su mayoría trabajadores migrantes, que no saben árabe, el idioma en que se interroga a los detenidos y en el que se celebran los procedimientos judiciales. A estas personas se les niega a menudo unos servicios de interpretación adecuados. No se informa sin demora de su detención –ni de su ejecución, incluso– a sus embajadas y consulados.  En algunos casos no se avisa previamente a sus familias de la ejecución ni se las devuelve el cadáver para que lo entierren.

   
 
 





 
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