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A treinta años de la invasión a Panamá

 


 

Latinpress.es 16 /12/ 2019. Terminamos un año de aniversarios, en los que se cumplieron 500 años de la fundación de la Ciudad de Panamá, la primera establecida por los españoles en el Istmo; 40 años de la entrada en vigor de los Tratados Torrijos Carter, que permitieron que se terminara el enclave colonial estadounidense conocido como Zona del Canal, vigente desde que un francés firmó el tratado a perpetuidad en 1903, que le permitió a Estados Unidos terminar la obra canalera  iniciada por Ferdinand de Lesseps y usufructuar nuestra posición geográfica. 

Y el 20 de diciembre se cumplen 30 años de la cruenta e innecesaria invasión que pretendió capturar al ex general Manuel Antonio Noriega, pero que fue un ensayo del armamento bélico que usaría la potencia gringa para la Guerra del Golfo, unos meses después.

Reviste especial relevancia esta conmemoración de la invasión, llamada “Just Cause” por el Departamento de Estado, pero que en realidad fue un “Just Because”. 

Nadie puede entender cómo los 26 mil soldados estadounidenses bombardearon con saña los barrios más pobres y muy densamente poblados de la ciudad y el interior, si en teoría solamente vinieron por Noriega. 

Sin embargo, algunas acciones del militar que había llevado al país a ser vulnerable de una acción bélica deben revisarse, no para excusar la invasión, que no tiene excusa, sino para entender el motivo intrínseco de la misma.

Manuel Antonio Noriega había sido un agente fiel de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) por años, hasta que su mentor, William Casey, falleció. 

Desde entonces su estrella fue en franco declive (1987).  Los años 87 y 88 estuvieron plagados de incidentes que confirmaron el grado de corrupción y de ambición que guiaba sus acciones.

En 1987 su antiguo compañero de armas, Roberto Díaz Herrera, denunció ante la faz del país, que se estaba traficando con la visa de los cubanos y otra serie de irregularidades. 

Lo hizo desde el revanchismo, ya que Noriega lo había obligado a renunciar para quedar él como jefe máximo de las Fuerzas de Defensa.

Los opositores a Noriega formamos lo que se conoció como Cruzada Civilista, y protestábamos con panfletos, periódicos clandestinos y marchas que muchas veces eran reprimidas en forma violenta. 

En 1988 el presidente títere que había puesto Noriega trató de derrocarlo y tuvo que exiliarse, con las consecuentes sanciones que impuso los Estados Unidos a nuestro país, al punto de que cerraron los bancos y los intercambios, compras y pago de salarios se hacían por medio de bonos, trueque y mil formas imaginables.

En 1989 tocaba realizar elecciones y la nómina afecta al gobierno perdió abrumadoramente, no porque la propuesta de la oposición fuera buena (de hecho, el único que tenía los méritos y el perfil de mandatario era Ricardo Arias Calderón, de la entonces Democracia Cristiana). 

Noriega, sin embargo, a pesar de que estuvieron observadores extranjeros que dieron fe del triunfo de la ADO Civilista, desconoció los comicios, sumiendo al país en otra crisis institucional sin precedentes.

Durante todo ese año 1989 los candidatos afectados fueron objeto de atención, uno por ponerse en huelga de hambre (Guillermo Endara) y otro porque en una marcha de protesta mataron a su guardaespaldas, aunque es posible que el objetivo fuera él.  La imagen de un Billy Ford ensangrentado dio la vuelta al mundo.

Para el mes de octubre un grupo de militares, en supuesto contubernio con las autoridades del Comando Sur (que estaba en la Zona del Canal) intentó dar un golpe a Noriega en el mismo cuartel, tratando de razonar con él de que la mejor salida para el país y también para él y su familia era entregarse. 

Se le daban garantías y un exilio dorado, pero el general no aceptó y en su defensa, masacró a los sublevados, que estaba liderado por Moisés Giroldi, un oficial que había sido fiel al militar al punto de compartir con él un compadrazgo.

Ese intento de golpe, perpetrado a inicios de octubre de 1989 marcó el declive vertiginoso de Manuel Antonio Noriega y el asesinato de los 11 militares que, a última hora, fueron ignorados y dejados a su peor suerte por los estadounidenses, se recuerda como la Masacre de Albrook.

Noviembre y diciembre de ese fin de la década estuvo enrarecida por las acciones inconsistentes y hasta temerarias de Noriega y sus acólitos.

En diciembre apareció un general embravecido en una tribuna declarándole la guerra a los Estados Unidos enarbolando un machete, el día previo a que se conmemoraba el día de la lealtad, 16 de diciembre.

La Asamblea Legislativa lo nombró Jefe del Gabinete de Guerra con poderes especiales. 

En esos días falleció un soldado estadounidense que se encontraba en el barrio El Chorrillo fuera de sus horas de servicio en un incidente confuso y también se arrestó y maltrató a otro soldado y su esposa, que andaban por el área. 

Los enfrentamientos eran frecuentes, pero estos dos, alegan los gringos, fueron la razón para que el presidente George H. W. Bush, que había ascendido al poder en enero de ese año, ordenara la invasión, cuatro días después.

Las razones que esgrimió fueron: Proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá.

Defender la democracia y los derechos humanos en Panamá. Detener a Noriega para enfrentar delitos de narcotráfico y respaldar el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter. 

Todas pueden ser rebatidas ampliamente: los ciudadanos estadounidenses vivían en “guetos” que ellos controlaban y cada vez eran menos porque solo faltaban diez años para que terminara de implementarse el tratado Torrijos Carter. 

En lo de defender la democracia, es cierto que había que reconocer las elecciones de abril de ese año, pero siempre bajo el control de los dictados de las instituciones financieras internacionales. 

Los derechos humanos fueron flagrantemente violados por las tropas invasoras y a Noriega no lo capturaron, los primeros días se escondió y después se asiló en la Nunciatura Apostólica. 

Sabiendo que la Nunciatura podría ser un lugar donde Noriega buscara asilo, el Nuncio Sebastián Laboa, que disfrutaba de vacaciones en su natal San Sebastián, fue traído a Panamá por un avión militar estadounidense unos días antes de que ocurriera la invasión. 

Noriega estuvo allí asilado desde el 24 de diciembre hasta el 3 de enero, que se entregó, con la condición de que lo dejaran hacerlo en uniforme militar, lo que lo convirtió en prisionero de guerra.

Mientras tanto, la ciudad sufrió ataques de los soldados, se quemó todo un barrio, donde estaba la comandancia, y en vista de la ausencia del control de autoridades de seguridad, surgió un saqueo a niveles impensables que devastó la ya muy malograda economía del país.

Si bien Noriega y las Fuerzas de Defensa fueron cobardes y no resistieron ni defendieron al país, la seguridad debió haber quedado en manos de los invasores, que permitió tantos vejámenes.

Treinta años han pasado y no se sabe aún cuántas personas murieron. 

Muchos de los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes. 

Ahora hay una comisión de la verdad que pretende esclarecer lo ocurrido y tiene los fondos para hacerlo.  Hace un año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su decisión sobre la invasión, caso que llevó adelante la abogada panameña Gilma Camargo en representación de 272 panameños que testificaron ante esa instancia, lo que representa “una oportunidad para el pueblo panameño, y para otros pueblos, de poder defenderse de agresiones ilegales de países más poderosos” y le exige a Estados Unidos resarcir a víctimas de la invasión en 1989. 

Las repercusiones de esta decisión, afirmó Camargo, son grandes, y no se comprenden todavía. “Este es un caso sumamente histórico,” manifestó, y explicó que el informe de fondo está “lleno de nuevos precedentes y de ampliaciones y fortalecimientos” sobre aspectos del derecho, que entrarán en efecto cuando sean interpretados por expertos. “Esto lo hicimos solos.

Sin ayuda de ningún gobierno”, narró. Horas después de que fuera divulgado el informe de la CIDH, la embajada estadounidense en Panamá reaccionó. Recordó que en el pasado dio $420 millones en Fondos de Apoyo Económico para reemplazar viviendas y para subsidios a los hogares en el corregimiento de El Chorrillo, una de las zonas más afectadas con la acción militar.

También manifestó que apoya “completamente” a la Comisión del 20 de diciembre de Panamá que investigará los eventos que rodearon la invasión.  Pero esos $420 millones no cuentan en el marco del derecho internacional, ya que no son coherentes con las recomendaciones de la CIDH, que dará seguimiento para que se cumplan.

La embajada alegó que los panameños “tenemos derecho de conocer su historia, por lo cual estamos trabajando para regresar los documentos retenidos durante la Operación Causa Justa.

Estamos interesados en ver esos documentos en manos panameñas”.  La CIDH solicita a Estados Unidos que remunere económicamente a los panameños afectados por la intervención militar del 20 de diciembre de 1989; pidió que se les dé tratamiento médico y psicológico, y que investigue en forma “exhaustiva” los sucesos. 

Expertos en el sistema interamericano observaron que Estados Unidos no es miembro de la CIDH, pero sí forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que debería acatar la decisión.

A la fecha, no se ha avanzado en esto.  Por lo pronto, la Comisión de la Verdad ha logrado hacer algunos actos representativos e importantes en torno a la fecha, la más emblemática, una muestra fotográfica de Juantxu Rodríguez, el fotoperiodista español que fue acribillado por una tanqueta gringa frente al Hotel Marriot (hoy Sheraton) y que estaba reportando junto a la importante periodista española Maruja Torres, sobre la invasión.

 

La opinión del autor no coincide necesariamente con la de Latinpress.es  @marielasagel. www.marielasagel.com marielasagel@gmail.com Colaboración especial para LatinPress®.

 
 





 
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