Marbella. - La ciudad recupera el aparcamiento de la Plaza de Istán y lo hace con una palabra que merece más atención de la que parece: público. 

La operación permitirá que las 275 plazas pasen al patrimonio municipal y, sobre todo, que el Ayuntamiento asuma directamente su gestión. Un millón de euros para recuperar un equipamiento que hasta ahora estaba sometido a una concesión de 40 años.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, presenta la operación como una forma de “evitar” que el aparcamiento pase a manos privadas. El matiz resulta llamativo porque el aparcamiento ya estaba en manos de una empresa privada en régimen de concesión. Por tanto, más que evitar una privatización, lo que hace ahora el Ayuntamiento es revertir una fórmula de explotación privada y recuperar la gestión pública directa.

Y ahí está lo verdaderamente interesante de la noticia. Porque el argumento municipal es difícilmente discutible: si un equipamiento presta un servicio público, forma parte del patrimonio de todos y puede ser gestionado directamente por el Ayuntamiento, la recuperación de esa gestión puede ser una decisión perfectamente razonable. Incluso se presenta como una garantía para los usuarios: “los abonados van a poder seguir utilizando sus estacionamientos y pagando en las mismas condiciones mientras se materializa la incorporación del parking al patrimonio municipal”. 

El Ayuntamiento está defendiendo, con claridad, que un servicio municipal debe permanecer bajo control público y que no todo tiene que terminar en una concesión o en una explotación privada. Esa filosofía tiene consecuencias que van mucho más allá de las 275 plazas de San Pedro Alcántara.

El contraste resulta evidente cuando se observa el caso de la Residencia de Tiempo Libre y de Mayores, donde la recuperación o mantenimiento de una gestión plenamente pública ha encontrado obstáculos. 

Si el principio que ahora se reivindica es que determinados equipamientos deben permanecer en manos públicas y ser gestionados directamente para garantizar el interés general, sería razonable exigir el mismo criterio cuando hablamos de servicios vinculados a las personas mayores y no solamente de aparcamientos.

Aquí no se trata de decidir si lo público es bueno y lo privado malo. Se trata de algo más elemental: qué servicios considera el Ayuntamiento estratégicos para gestionar directamente y con qué criterios toma esa decisión.

Si la respuesta es que debe aplicarse allí donde sea más eficiente, sostenible y beneficioso para los ciudadanos, habrá que explicar esos criterios. Y si la respuesta es que determinados servicios deben permanecer bajo gestión pública porque afectan directamente al interés general, entonces habrá que aplicar esa filosofía con la misma coherencia a los equipamientos sociales.